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16 marzo, 2020
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Medidas excepcionales para las personas jurídicas de derecho privado durante el estado de alarma

En el Real Decreto-ley 8/2020, (en adelante, “RDL”) de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, publicado en el BOE el pasado miércoles 18, se acordaron una serie de medidas excepcionales para las personas jurídicas de Derecho privado (sociedades mercantiles, cooperativas, asociaciones deportivas, fundaciones, etc.), que pasamos a relatar:

En primer lugar, se acuerda que aunque los estatutos de las entidades no lo contemplen, durante el tiempo que dure el periodo de alarma, las reuniones de los órganos de gobierno y administración puedan ser por videoconferencia. Además, los acuerdos de esos órganos podrán adoptarse por votación por escrito y sin sesión, siempre que lo acuerde el presidente, o al menos, dos miembros del respectivo órgano.

Igualmente, se acuerda que el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio social para que el órgano de administración formule las cuentas anuales, queda sin efecto hasta que finalice el estado de alarma. Una vez acabe, empezará a contar de nuevo dicho plazo por otros tres meses adicionales, desde el día que haya finalizado el indicado estado de alarma.

Si el órgano de administración ya hubiera formulado las cuentas, el plazo para que sean auditadas, en aquellas entidades que estén obligadas, se prorroga dos meses más desde que finalice el estado de alarma.

La junta general ordinaria encargada de aprobar las cuentas anuales, que debe reunirse dentro de los primeros seis meses de cada ejercicio, tendrá un plazo de otros tres meses desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales por el órgano de administración, para aprobarlas, según el RDL. Al respecto, si se diera el caso de que la convocatoria de la indicada junta general, hubiese sido publicada antes del estado de alarma, siendo el día de celebración de la junta posterior a la propia declaración, la referida convocatoria podrá ser modificada, mediante acuerdo del órgano de administración, debiendo publicarse la nueva fecha y hora con una antelación de 48 horas en la página web o en el Boletín Oficial del Estado (para el caso de aquellas entidades que no tengan web), o revocada, en cuyo caso, se procederá a convocarla de nuevo en el plazo de un mes desde la finalización del estado de alarma.

También se estipula en el mencionado RDL, que los socios que tengan derecho a separarse de la sociedad, concurriendo causa legal o estatutaria para ello, no puedan ejercitarlo hasta que finalice el estado de alarma.

En el caso de socios cooperativos que causaran baja durante el estado de alarma el reintegro de sus aportaciones, quedará prorrogado hasta que pasen seis meses desde que finalice el estado de alarma.

Asimismo, se acuerda que aunque durante la duración del estado de alarma, transcurriera el plazo de duración de la sociedad estatutariamente establecido, la disolución de pleno derecho de ésta no se producirá hasta que transcurran dos meses desde que finalice el indicado estado de alarma.

De similar modo, en el caso de que antes o durante el estado de alarma, la entidad concurra en causa legal o estatutaria de disolución, se suspende el plazo para convocar la junta general de socios que tenga que decidir la disolución, o los acuerdos destinados a evitar la misma, hasta que finalice el estado de alarma. También se dispone que si la causa de disolución acaeciese durante el estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas durante ese periodo.

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